Lo observamos a diario en los comentarios que se difunden por las redes sociales, en especial en estos tiempos de zozobra social provocada por el COVID-19; la agresividad y falta de educación campan a sus anchas e incluso exhiben lo peor de cada persona, en comentarios que muchos no se atreverían a proferir cara a cara.

Lo reconocen los estudios al respecto; está creciendo sin control un tipo de comentario, grosero y hasta violento en redes sociales que se agrava por momentos. A fines de 2018, el 34% de los jóvenes en Estados Unidos había sufrido acoso por esta vía, al menos una vez, en cifras que hoy en día se sitúan mucho más altas.

Desde hace varios años, los expertos en analizar la conducta social ya alertan sobre el negativo e irreversible impacto que las redes sociales pueden provocar en la salud mental de muchos usuarios, especialmente jóvenes, e incluso algunos consideran que estos comentarios vienen a incitar el odio y podrían ser perseguidos penalmente.

Algunas redes sociales ya están poniendo freno a estos desmanes y, por ejemplo, Facebook ha anunciado la creación de una “corte suprema” (o “junta de supervisión”) para revisar y, en su caso, eliminar este tipo de mensajes ofensivos o violentos en sus dominios.

La normativa legal en muchos países también se está actualizando para que resulten más eficaces, a la hora de perseguir delitos de acoso en la red y, en España, se está persiguiendo, a través de un grupo de la guardia civil, especializado en delitos digitales.

La tecnología puede aportar soluciones y se están poniendo medios parciales en algunas redes, como hacer que los likes en Instagram sean invisibles para los usuarios o extender ciertas herramientas basadas en inteligencia artificial, que ayuden a controlar y evitar insultos online, como el software Family Wizard.

Sin embargo, la puesta en marcha de estas tecnologías plantea varias cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿es necesario contar con el consentimiento de los usuarios? Si no es así, ¿deben arriesgarse las redes sociales a perder a millones de usuarios por este motivo? ¿Son compatibles estos límites con la libertad de expresión de diferentes países o zonas del planeta? ¿Sería capaz la tecnología de valorar tanto textos ofensivos, como fotografías o vídeos? ¿Podrían algunos usuarios evitar los cambios que puede introducir una aplicación y publicar contenido inapropiado, a pesar de estas restricciones? Si lo hacen, ¿qué penas se les debería imponer, y más importante, qué autoridad sería competente para perseguir y sancionar estas prácticas? ¿Cómo puede evitarse que algunas redes sociales sean más permisivas que otras y crear un marco común para todas? O, incluso, ¿provocarían estas limitaciones comportamientos aún más extremos de los usuarios, o una reacción aún más violenta y contraproducente?

Existen muchas dudas al respecto y quizás la respuesta más sensata deba ser un comportamiento más cívico de todos nosotros en el mundo online, con más educación al respecto y con un crecimiento individual y colectivo que fomente la buena educación, en todos los órdenes de nuestra vida. En fin, con un propósito de enmienda que está lejos de alcanzarse todavía, pero que vendría a instaurar una suerte de autocontrol individual mucho más efectivo y garantista que una imposición legislativa a gran escala.