La administración pública española ocupa actualmente uno de los primeros puestos a nivel europeo en relación con la calidad y la oferta de servicios online que presta a sus ciudadanos.

De hecho, el Índice Europeo de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2018 sitúa a nuestro país en el 4º puesto en relación con los servicios públicos digitales, destacando que el 67% de los usuarios de Internet españoles participa activamente con los servicios de administración electrónica. Del mismo modo, en el índice de E-Government Readiness (EGDI), que mide la capacidad de un gobierno para ofrecer sus servicios a través de las TIC, España obtiene una puntuación de 0,81 sobre 1, lo que nos sitúa al mismo nivel que líderes digitales como Noruega.

Sin embargo, a pesar de estos datos positivos, la transformación digital es heterogénea, ya que su evolución es muy diferente en función del organismo que analicemos, ya sea de ámbito estatal, regional o de carácter local. Este proceso se produce a diferentes velocidades y la innovación de los servicios públicos depende, en gran medida, de la voluntad y motivación de los gobernantes, que deben elegir las soluciones digitales que permitan situar al ciudadano en el centro, contribuyan a aumentar la equidad de la sociedad y ayuden a generar mayor confianza gracias a una mejora en los mecanismos de transparencia.

Creemos que el big data, la inteligencia artificial, la realidad digital, la ciberseguridad y el blockchain marcarán un antes y un después en la modernización de estructuras, procesos y servicios públicos y contribuirán de manera decisiva a la transformación digital de la administración pública. En este sentido, el informe, “Innovacion Pública: las tecnologías disruptivas que transformarán las Administraciones”, que acaba de presentar la compañía, analiza las posibilidades de uso y beneficios de estas tecnologías disruptivas, que ya están impactando en los modelos de negocio actuales y en la forma en que las administraciones van a tener que ofrecer sus servicios a la sociedad.

En el ámbito del big data, los nuevos modelos y métodos algorítmicos, como la analítica predictiva y prescriptiva, permitirán crear escenarios para la definición de las mejores políticas públicas en ámbitos como la sanidad, la justicia, la educación o la lucha contra el fraude.

La inteligencia artificial complementará el trabajo de los empleados públicos y ayudará a prestar servicios de mayor valor añadido. Ello será posible, por ejemplo, gracias a los chatbots, que permiten dar respuesta, de forma inmediata y en cualquier momento, a demandas de información del ciudadano; o a sistemas de visión artificial, que facilitan y agilizan el mantenimiento del transporte público o la recogida de residuos, y que potencian la capacidad de las cámaras urbanas para detectar el mal estado de una calzada u optimizar el alumbrado público en vías de poco tránsito.

La realidad digital, término que engloba a la realidad aumentada, virtual y mixta, contribuirá a impulsar el turismo de calidad atrayendo a los visitantes a espacios físicos y haciéndoles partícipes de experiencias satisfactorias gracias a una mayor interactividad, que es uno de los principales atractivos de estas tecnologías. También revolucionará el ámbito educativo, permitiendo un mejor y mayor aprendizaje por parte de los estudiantes y una reducción de consumo y costes de materiales, e incluso, la eliminación de riesgos físicos en la Formación Profesional o en el entrenamiento de profesionales de la administración, como policías o bomberos.

La ciberseguridad es otro de los retos a los que se enfrentan las administraciones públicas en su proceso de innovación, ya que requieren de soluciones de seguridad integral que protejan los datos en un mundo hiperconectado en el que el cibercrimen tiene un impacto global de cerca del 1% del PIB mundial. En este ámbito, la biometría está llamada a convertirse en el método de identificación más usado en el futuro, ya que puede asociarse a un individuo concreto y es cómoda al no tener que recordar contraseñas o certificados, así como altamente resistente al fraude. Permite, entre otras cosas, agilizar y hacer más seguro el control de fronteras o garantizar que una misma persona no pueda estar cobrando la misma ayuda pública más de una vez.

La adopción de tecnologías blockchain, a pesar de que en el momento actual pueda parecer aún complicada para la administración pública, va a marcar un punto de inflexión en la transformación digital de los servicios y aportará grandes beneficios, como dotar a los distintos organismos de mayor transparencia y seguridad e impulsar una participación más activa de la ciudadanía en los órganos de gobierno. Su aplicación en la digitalización de los registros de información y su administración dentro de una infraestructura segura permitirá al ciudadano detectar cambios no autorizados en sus registros y le convertirá en el único dueño de sus datos.

Nos encontramos en un momento de intenso cambio de la economía y la sociedad, en el que se ha pasado de un entorno en el que prima lo físico a uno en el que prima lo digital, y en el que las administraciones públicas deben dar una respuesta integral a los retos y oportunidades que se le presentan en un contexto de cambio acelerado y situando al ciudadano como núcleo del cambio.