Para que los servicios públicos sean de calidad es innegable la necesidad de inversión por parte de las instituciones públicas. Claro que, en la medida que avanza la tecnología, nuevas fórmulas de mejora se están abriendo paso. Es el caso de los datos abiertos.

Según datos públicos facilitados por el Gobierno español, en la actualidad hay 293 iniciativas relacionadas con el uso de datos abiertos en nuestro país; 43 de la Administración del Estado, 17 de Administraciones Autonómicas, 224 de Administraciones Locales y 9 de Universidades.

Puede que a priori las cifras resulten escasas. Sin embargo, España es considerada por el European Data Portal como uno de los países de referencia en datos abiertos en el ámbito público. En concreto, en el informe sobre la madurez en el uso de Open Data, España consiguió en 2018 el segundo puesto; entre los principales obstáculos para su utilización se mencionan la incapacidad de acceder a datos homogéneos desde diferentes regiones y municipios y la falta de actualización de los datos. También se echa en falta la disponibilidad de servicios y/o herramientas que permitan la descarga e datos.

En el caso español hay aplicaciones concretas que han ayudado a mejorar servicios públicos, en especial los relacionados con la movilidad.

El transporte público es un servicio básico que gestionan las administraciones públicas y que genera infinidad de datos; pensemos en el flujo de usuarios, en la disponibilidad de estaciones, en los horarios de más concurrencia, en los datos sobre el estado del tráfico, etc. Cuando estos se comparten públicamente y se ofrece la posibilidad de combinarlos pueden contribuir significativamente a la eficiencia y a la sostenibilidad del transporte y por ende, a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Según un informe elaborado por la consultora McKinsey & Company hace unos años, los datos abiertos aplicados a este sector pueden ayudar a los organismos públicos a reducir los gastos de transporte y a mejorar el servicio. ¿Cómo se consigue? Gracias a la mejora de la planificación y gestión de la infraestructura, a la optimización de la inversión de la flota y a la proporción de información constante a los usuarios.

En 2018 Madrid y Barcelona llevaron a cabo importantes iniciativas relacionadas con la publicación y la utilización de datos sobre movilidad urbana. Así, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) lanzó MyNavega, que permite a los usuarios configurar datos y mapas basados en información del SIG y EMT. En el caso de la Ciudad Condal, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) anunció recientemente el lanzamiento de un portal que permite visualizar y descargar mapas detallados del transporte público del área metropolitana.

Renfe lanzó también su portal de datos abiertos con información sobre estaciones, horarios y otros indicadores.

Pero tal vez el ejemplo óptimo del uso de datos abiertos en el ámbito de servicios de transporte es el de la ciudad de Londres, con un proyecto tutelado por la autoridad de transporte de la ciudad, TFL, a partir del cual se han construido muchas aplicaciones dirigidas principalmente a los ciudadanos que utilizan el transporte público cada día (según datos oficiales cada día se gestionan más de 5 millones de traslados, sólo en el metro). Un estudio de la consultora Deloitte cifró en 130 millones de libras el impacto económico de las iniciativas y estimó que el 42% de los londinenses usan alguna de estas herramientas.

Esta reflexión sobre las bondades del uso de datos abiertos para la mejora de los servicios públicos, es en realidad extensible a otros sectores como el de la sanidad o el medioambiente.